Agujero Negro

Emma Arbuthnot es la juez principal que instruye, en Londres, el proceso de extradición de Julian Assange a Estados Unidos, donde podría ser condenado a 175 años de cárcel por ‎‎“espionaje”, o sea por haber publicado, como periodista de investigación, pruebas de los ‎crímenes de guerra estadounidenses, como los conocidos videos sobre las masacres perpetradas ‎contra civiles en Irak y Afganistán. Durante ese proceso, en manos de la jueza Vanessa Baraitser, ‎todos los pedidos de la defensa han sido rechazados. ‎

En 2018, luego de que Suecia abandonara la acusación de violencia sexual, la jueza Arbuthnot ‎se negó a anular la orden de arresto, evitando así que Assange pudiera obtener asilo en Ecuador. ‎Esta misma jueza rechazó las conclusiones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la detención ‎arbitraria de Assange. Tampoco quiso escuchar las conclusiones del responsable de la ONU contra ‎la tortura, quien señaló que «Assange, detenido en condiciones extremas de aislamiento ‎no justificadas, presenta síntomas típicos de una exposición prolongada a la tortura sicológica». ‎

En 2020, mientras miles de detenidos pasaban a estar bajo detención domiciliaria, como medida ‎contra el coronavirus, Assange ha sido mantenido en prisión y se ha visto expuesto al contagio en ‎condiciones de debilitamiento físico. En el tribunal, Assange no puede consultar a sus abogados, ‎se le mantiene aislado en una jaula de cristal blindado y se le amenaza de expulsión si osa abrir la ‎boca. ¿Qué hay detrás de tanto ensañamiento? ‎

La jueza Arbuthnot ostenta el título de «Lady» por ser la esposa de Lord James Arbuthnot, conocido ‎‎“halcón” del Partido Conservador y ex ministro de Defensa, notoriamente vinculado con el ‎complejo militaro-industrial y los servicios secretos británicos. Lord Arbuthnot es, además, ‎presidente del comité de consulta británico del Grupo Thales –transnacional francesa ‎especializada en sistemas militares aeroespaciales– y miembro del comité de consulta de la firma ‎Montrose Associates, que se especializa en inteligencia estratégica, dos cargos generosamente ‎retribuidos. Lord Arbuthnot es igualmente miembro de la Henry Jackson Society (HJS), influyente ‎‎think tank transatlántico vinculado al gobierno y a la inteligencia estadounidenses. ‎

En julio pasado, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, participó en una ‎mesa redonda organizada en Londres por la Henry Jackson Society. Desde su época de director ‎de la CIA, Pompeo ha venido acusando a WikiLeaks –el sitio web fundado por Assange– de ser «un servicio ‎de espionaje del enemigo». Esta campaña de Pompeo coincide con la de la Henry Jackson ‎Society, que acusa a Assange de «sembrar dudas sobre la posición moral de los gobiernos ‎democráticos occidentales, con apoyo de regímenes autocráticos». ‎

En el consejo político de la Henry Jackson Society, junto a Lord Arbuthnot, estaba hasta ‎hace poco Priti Patel, la actual ministro del Interior del Reino Unido, precisamente la persona que ‎tendrá que firmar o no la orden de extradición contra Julian Assange. A ese grupo de presión, que ‎viene haciendo campaña por la extradición de Assange –bajo la batuta de Lord Arbuthnot y de ‎otros personajes influyentes– está estrechamente ligada la jueza Arbuthnot, nombrada por la reina ‎como magistrado en jefe en septiembre de 2016, cuando WikiLeaks ya había publicado –‎en marzo– los documentos más comprometedores para Estados Unidos. ‎

Por cierto, entre esos documentos están los correos electrónicos de la entonces secretaria ‎de Estado estadounidense, Hillary Clinton, que revelan el verdadero objetivo de la guerra de ‎la OTAN contra Libia: impedir que el gobierno encabezado por Muammar el-Kadhafi utilizara sus ‎reservas en oro para crear una moneda panafricana como alternativa al dólar estadounidense y la ‎franco CFA –la moneda que Francia impuso a 14 ex colonias africanas. ‎

El verdadero “delito” cometido por Julian Assange es el de haber abierto una brecha en el muro de ‎silencio político-mediático tras el cual se esconden los verdaderos intereses de poderosas élites ‎que, desde la sombra protectora que el Estado Profundo les garantiza, recurren repetidamente a ‎la carta de la guerra. ‎

Ese es el poder oculto que acusa a Assange y lo somete a juicio, como cuando se exponía a los ‎supuestos herejes a los caprichos y la furia de la Santa Inquisición. Si se decide su extradición a ‎Estados Unidos, Assange será sometido a «medidas administrativas especiales» mucho ‎más duras que las que ya sufre en Reino Unido. Será encerrado en una pequeña celda ‎bajo condiciones de aislamiento, no podrá tener contacto con su familia –ni siquiera a través ‎de sus abogados, quienes también serían incriminados si se atreviesen a entregarle algún ‎mensaje. En otra palabras, entregarlo a Estados Unidos sería condenarlo a muerte. ‎

Fuente: Manlio Dinucci, Il Manifesto